Los acuerdos en materia represiva firmados entre el obispo Fernando Lugo y su par colombiano Alvaro Uribe, dispararon una brutal represión en Paraguay.
Los acuerdos en materia represiva firmados entre el obispo Fernando Lugo y el presidente de Colombia Alvaro Uribe, curiosamente coincidieron con el inicio de una inmisericorde represión social en Paraguay.
Colombia es, además del paraíso narco, un país altamente violento donde según la alta comisionada de la ONU Navanethem Pillay, al menos 13.634 personas perdieron la vida por inseguridad y violencia entre el año 2002 y el 2007. La cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate con insurgentes.
Obviamente, la decisión del clérigo-presidente no ha sido muy feliz a la hora de elegir sus aliados para combatir la inseguridad, por lo que los acuerdos han generado suspicacias y los desconfiados encontraron otras motivaciones que poco tienen que ver con la verdadera "seguridad".
LOS ACUERDOS
El 29 de Septiembre en conferencia de prensa junto al canciller colombiano, Jaime Bermúdez, el presidente paraguayo dijo que el secuestro fue uno de los "temas principales" que trató con Uribe y añadió que las autoridades de su país tienen mucho que aprender de Colombia, "sobretodo en términos de seguridad y secuestros".
"No podemos negar que ha sido uno de los centros de la conversación con el presidente Uribe, y es más, en ese mismo sentido, es que se queda el ministro de Interior, Rafael Filizzola, para contactar y concretar los aspectos de cooperación, tanto en la formación de la policía antisecuestros en Paraguay", dijo.
El jefe de Estado paraguayo reconoció que Uribe le ofreció capacitación para que la Policía de Paraguay pueda hacer cursos de cómo se ha logrado combatir ese flagelo y reducir las cifras de secuestros.
"El mismo ofrecimiento de que vayan profesores de la Policía colombiana a impartir clases y experiencias y sobre todo la posibilidad de seguir mejorando la seguridad de nuestro país", puntualizó.
Con radicalidad, con serenidad, pero con firmeza hemos condenado todo tipo de violencia: pequeña, grande, ideológica, guerrillera, de ejércitos irregulares... ningún tipo de violencia cabe en nuestra mentalidad y no tendrá cabida en nuestro país mientras nosotros seamos Gobierno", dijo el supuesto teólogo de la liberación tercermundista Fernando Lugo abrazado al narco-presidente de Colombia Álvaro Uribe, este lunes 29 de setiembre de 2008 en Bogotá.
Se entiende de sus declaraciones una tácita condena a las FARC, a pesar de que la teología de la liberación es un movimiento que cobró auge a través de religiosos adscriptos al movimiento marxisto-guerrillero latinoamericano.
LAS SUGERENCIAS DE LA EMBAJADORA IMPERIAL
La prensa paraguaya informó el viernes 5 de setiembre de 2008 que la embajadora de los Estados Unidos en Paraguay, Liliana Ayalde, visitó al ministro del Interior, Rafael Filizzola. En la ocasión, la representante de George W. Bush enfatizó el interés de su país de “apoyar y acompañar los programas” de seguridad de Paraguay. La diplomática no descartó una cooperación para el fortalecimiento de la Policía Nacional, que se realizaría en el marco del Programa Umbral. Ver:
www.abc.com.py/2008-09-05/articulos/447990/ee-uu-apoya-programa-de-segur
La diplomática acotó que “básicamente estuvimos repasando lo que la cooperación del Gobierno de Estados Unidos ha venido trabajando y algunos temas posibles para el futuro”. Añade que hablaron de “algún posible apoyo a la Policía”.
El tipo de “apoyo” en la materia que ha brindado Estados Unidos en el pasado a Paraguay es bien conocido por quienes sufrieron cárcel, destierro y tormentos en los centros de detención que bajo la atenta mirada de la CIA norteamericana, mantuvo el dictador anticomunista Alfredo Stroessner entre 1954 y 1989.
La penetración de los organismos de seguridad en América Latina durante el siglo XX constituye, sin ninguna duda posible, uno de los episodios más siniestros y vergonzosos en la historia del imperialismo.
Con coartadas como la expuesta por Ayalde a Filizzola, Washington perpetró una invasión solapada que ha dejado como legado a esta región del mundo un pasado de golpes de estado, dictadores sanguinarios, escuadrones de la muerte, desaparecidos, asesinatos políticos, torturas y represión.
Entre otros documentos de los Archivos del Terror, quedó como testimonio de la siniestra presencia norteamericana en Paraguay, un memorando fechado en Washington el 8 de Octubre de 1956, en el que se le asigna como asesor de la temible Policía política y en el que aparecen como participantes en los papeles Mr. Da Silva, primer secretario de la embajada paraguaya, Dr. Oscar Insfrán (un asesor del obispo Fernando Lugo), segundo, Mister Rubottom (ARA) Y Mister Havemeyes (OSA). Se consigna en el documento que se envió una copia a la embajada de Asunción, cifrado ARA (Mr. King), ICA (Mr. Atwood), ARA (Mr. Rubottom) y OSA. Durante
URIBE, LOS FRAUDES Y LOS DERECHOS HUMANOS
De acuerdo a Gorka Castillo "Al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, comienzan a pasarle factura los abusos de su mandato. Al escándalo desatado hace dos semanas por un multimillonario fraude financiero organizado en las sombrías cañerías del Estado, ahora se suma la filtración de que el Ejército ha practicado desde 2002 cientos de ejecuciones extrajudiciales de civiles, que además han sido financiadas con fondos de la cooperación internacional.
La espoleta de esta eliminación sistemática fue la puesta en marcha de jugosas recompensas gubernamentales para aquellos militares que demostraran haber abatido guerrilleros en combate.
La artimaña que empieza a conocerse ahora es que miles de los muertos que aparecían como enemigos abatidos eran, en realidad, campesinos secuestrados a los que vestían con uniformes de las FARC antes de ejecutarlos a sangre fría.
Organizaciones civiles calculan que el número de víctimas supera las 2.100, casi tantas como las causadas en medio siglo por ETA y el IRA juntos. La plataforma Justicia para Colombia -un grupo de especialistas forenses, catedráticos y juristas de la UE- mostró ayer el documento secreto del Ministerio de Defensa, en el que se establece que los fondos para el pago de las recompensas "procederán del Estado y de otros provenientes de la cooperación internacional".
Extracto del documento en el que se especifica la financiación de las recompensas
Este protocolo no sólo pone en duda la legalidad de la política de Seguridad Democrática que le ha ganado popularidad a Uribe. También compromete los acuerdos de cooperación internacional suscritos con varios países, entre ellos España.
1.300 euros por ‘guerrillero'
El documento, de 15 páginas, contradice a Uribe, quien siempre negó que existiera una política sistemática de recompensas. Pero la orden entró en vigor de forma "permanente" el 17 de noviembre de 2005. Según las tablas de valoración, el Gobierno paga por un cabecilla 1,7 millones de euros y por un guerrillero raso, 1.300 euros.
Con esta oferta pública, los soldados se lanzaron a la caza del indocumentado. El miedo hizo el resto. Nadie fue capaz de denunciar estas atrocidades hasta que a alguien del Ejército se le ablandó el corazón.
Asesinatos impunes o falsos positivos
El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” como eufemísticamente las denomina el Gobierno de Álvaro Uribe, se destapó hace un mes, cuando un militar reveló que 20 civiles de clase baja desaparecidos cerca de Bogotá habían sido secuestrados para ser asesinados y presentados a la sociedad como guerrilleros de las FARC. Al principio, Uribe entró en cólera contra el autor de difundir esta “falaz” información. En los días siguientes, su tono perdió agresividad hasta llegar al reconocimiento de que aquella atrocidad “era cierta, aunque no generalizada, en unas Fuerzas Armadas modélicas con los derechos humanos”. Dimitió el jefe del Ejército, Mario Montoya, el ingeniero de la liberación de Betancourt, y 27 oficiales fueron destituidos. Alguien, también militar, aseguró que era la punta del iceberg de una política que legaliza la impunidad “y propaga el miedo”.
COMUNICADO MARXISTA
El marxista Partido de los Trabajadores de Paraguay (PT) señala en un comunicado que el tratado de cooperación en materia de seguridad entre Paraguay y Colombia, sólo indica que Fernando Lugo seguirá sometido a los designios imperiales de Washington y será un continuador de la política obsecuente y abyecta hacia el imperialismo de los gobiernos paraguayos anteriores.
Según la nucleación, el Presidente al firmar tratados con Colombia Fernando Lugo sólo consolida acuerdos con un Estado terrorista y criminal, que reprime las luchas populares, y ejerce la violencia contra grupos disidentes sin contemplaciones.
El PT señala que el nuevo gobierno de Paraguay "No solo retoma sino consolida y potencia un acuerdo con un Estado terrorista y criminal que a todas luces apunta a criminalizar y reprimir mejor las luchas y los luchadores sociales".
El PT manifiesta que este acuerdo forma parte de instrumentalizar el "perverso Plan Colombia" de los EEUU que busca transformar al país en una fortaleza norteamericana dentro de América Latina, tal como lo hizo con Paraguay en tiempos de la dictadura neo-nazi de Alfredo Stroessner..
"Para imponer este plan, el imperialismo norteamericano se vale de su lacayo más servil, el gobierno de Alvaro Uribe" afirma también el documento.
Los trotskistas también denuncian que un acuerdo con el mandatario colombiano solo puede fortalecer el aparato represivo del Estado y profundizar así la política de criminalización de las luchas sociales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario