FERNANDO LUGO: IGLESIA Y ABUSO SEXUAL

FERNANDO LUGO: Iglesia y abuso sexual


Por Miguel Raider


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“Estoy del lado de los buenos”, declaró el sacerdote Julio Grassi, imputado por abuso agravado, violación y corrupción de menores en 19 casos comprobados. Grassi fue uno de los exponentes mediáticos de la Iglesia en la fiesta menemista, que lo financió con 5 millones de dólares y le cedió gratuitamente 65 hectáreas, en tanto la Justicia derivaba a su cuidado más de 6300 niños. Amén de violar todas las normas de minoridad mediante la instrumentación de una suerte de patronato en la Fundación Felices los Niños (aislando a los niños de sus familias), el Estado, la Curia y los empresarios prohijaron todas las fechorías de Grassi.

Los crímenes de Grassi no hacen más que traer a luz otros casos de abuso sexual en la Iglesia, como el del cura José Mercau, acusado de someter sexualmente a cinco chicos de entre 12 y 17 años, o el del Arzobispo de Santa Fe Edgardo Storni, señalado por numerosos abusos sexuales contra seminaristas. Un párrafo aparte merece la aberración de la Domus Mariae, la residencia eclesiástica destinada a “rehabilitar sacerdotes en crisis”, dirigida por Anselmo Romero, un cura violador que favoreció la fuga del sacerdote Mario Sasso, procesado por abuso sexual de cinco nenas de entre 5 y 12 años. La fiscal Patricia Kaplis consideró que aunque la conducta de la Domus Mariae sea “reprochable ética y moralmente no constituye delito alguno” (Página/12, 5/09/05). Evidentemente, para la Justicia no es delito que la Iglesia proteja a sacerdotes abusadores.

El Vaticano y la impunidad

El caso Grassi es un emergente que expresa los miles de casos de sacerdotes implicados en violaciones y abuso sexual y la manifiesta pretensión de encubrimiento del Vaticano para mantener la impunidad. El semanario neoyorquino The Observer reveló una carta secreta del Papa Benedicto XVI, fechada en mayo de 2001, donde reclamaba taxativamente para sí la jurisdicción de los delitos “perpetrados por un clérigo contra un menor”, exigiendo a su vez que “las funciones de juez, promotor de justicia, notario y representante legal puedan ser realizadas por sacerdotes”, advirtiendo que “casos de este tipo son materia de secreto pontificio”, y amenazando con la excomulgación a quien se atreviera a romperlo (www.igooh.com, 4/05/07). Ratzinger, en ese entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, buscaba una salida a la escandalosa situación de EE.UU., donde se habían presentado miles de demandas por abuso sexual contra la Iglesia. Las diócesis de Los Angeles y Massachusetts se vieron obligadas a indemnizar a las víctimas con 660 y 80 millones de dólares, respectivamente, pero gran parte de los curas violadores y el principal encubridor, el cardenal Roger Mahony, lograron eludir el castigo judicial. Del mismo modo, en Brasil fueron denunciados 1700 sacerdotes (más del 10% de la Iglesia brasileña) por abuso de niños y adolescentes. La impunidad de la Curia brasileña es tal que entre los curas pedófilos circula un texto conocido como “Manual del cura pedófilo”, escrito por el teólogo Tarcisio Spricigo, un cura con decenas de denuncias de violación que sostiene sin ambiguedades: “me preparo para salir de cacería con la certeza de que tengo a mi alcance a todos los chicos que me plazca”, en tanto recomienda “conseguir chicos que no tengan padre y que sean pobres, jamás involucrarse con niños ricos”, y “recogerlos de las calles, de las comisarías, de los hospitales de caridad” (www.portalplanetasedna.com.ar).

Aferrado a la condena de las más elementales medidas de salud reproductiva y el derecho al aborto, el Vaticano pretende mantener la impunidad de los curas violadores mediante el encubrimiento, el traslado a otras diócesis y la oposición entre el Código de Derecho Canónico (la legislación interna que rige la conducta de la burocracia eclesiástica) y la justicia terrenal.

Para terminar con estos crímenes, Grassi y todos los curas abusadores deben terminar en la cárcel. A su vez es necesario separar la Iglesia del Estado y expropiar todos sus bienes, para cortar de cuajo el financiamiento público de esa institución reaccionaria, pródiga de curas golpistas y violadores.