Obispo Recuperando el Infierno Perdido

LUIS AGÜERO WAGNER- A partir de su asunción al mando el 15 de agosto de 2008, el obispo Fernando Lugo ha emprendido una enérgica tarea de recuperación del infierno perdido con torturas, ejecuciones extrajudiciales, amenazas a la democracia, y todo ello al mismo tiempo y el mismo día.

Para hacerse una idea, basta recopilar y transcribir los más recientes comunicados de organizaciones defensoras de DDHH.

TORTURAS EN TACUATI

San Pedro y Concepción están militarizados. Supuestamente fueron allí para dar seguridad a la población cerca de mil efectivos militares y otros cientos policiales. Varios fiscales y asistentes fiscales fueron también para garantizar la regularidad de las actuaciones. Conozco a dos de los comisionados: Ninfa Aguilar y Joel Paredes, ambos de Santa Rosa del Aguaray, en cuyas unidades fiscales envejecen "sin novedad alguna" denuncias de campesinos por torturas, detenciones ilegales, e incluso ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, son bastante ágiles a la hora de procesar, detener y encarcelar a campesinos que reivindican derechos tan fundamentales como el ambiente sano o el acceso a la tierra.

Los pedidos de detención o prisión que realizan ni siquiera están fundados como exige la ley, pues la Constitución Nacional estableció la excepcionalidad de la prisión preventiva. Al repasar sus resoluciones, al menos en las carpetas donde me tocó intervenir (las tengo a la vista), se nota que no conocen los principios constitucionales del derecho penal o no les importa. Recurren a formularios, frases hechas, para decir que tal o cual es peligroso o que incluso se va a fugar. Piden prisión.

Otra dato. Ambos vivían, al menos hasta hace un mes, en un hotel de Santa Rosa (el más caro). Ganan cerca de nueve millones (1.500 USD aproximadamente). ¿Será que las Fiscalía mantiene así a sus funcionarios/as y que aún no me he informado? ¿O es que es tan rentable ser fiscal en la zona.? por el bajo costo nivel de vida, aclaro.

Ayer cuando recibía la denuncia de tortura a Crispín y Américo Fernández me dio rabia e impotencia. Respiré profundo y me comuniqué con Ninfa Aguilar. Primero me habló que tuvo un día muy tenso y cansador (en otras ocasiones me había dicho que sus derechos humanos también eran violados porque le exigían trabajar demás); luego que tomó las declaraciones en condiciones muy precarias, iba seguir hablando, contándome lo mucho que laburó, pero cuando le preguntó si registró la denuncia de tortura que a la que le sometieron a Crispín y Américo, me cambió de tema y salió con que estaba con la presión alta.

Le insistí que solamente quería saber si recibió o no la denuncia de tortura y qué acciones tomó ante la situación. Ahí me dijo que un médico la estaba atendiendo y que estaba con la presión muy alta. Dejo de hablar al teléfono unos minutos. finalmente cortó la comunicación.

No me extraña la actitud de Ninfa Aguilar, porque no es la primera vez que se desentiende de denuncias hechas por campesinos o campesinas víctimas del mal funcionamiento del aparato judicial paraguayo. Pero che mo renegá, la desfachatez con que actúan; y que las nuevas autoridades nos presenten como los que van a "poner orden en la zona norte". Y que sea el mismo Rafael Filizzola (ministro de Lugo, a quien voté), diga que "para nosotros el resultado es sumamente positivo (ABC, 12/01/09), refiriéndose al operativo policial-militar que atemoriza a varios pobladores y pobladoras de San Pedro y Concepción.

Ninfa Aguilar, Joel Paredes, Dora Irrazábal, Guillermo Ortega son los mismos fiscales que desde hace años están trabajando en la zona. Los primeros en Santa Rosa (San Pedro) y los otros en Horqueta (Concepción). ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo no se hayan dado cuenta que existían redes de criminalidad organizada en su zona? ¿Que ahora como por arte de magia, lo descubrieron? Bastaría con hacer un control a sus carpetas fiscales para concluir que son inoperantes o complacientes con las bandas de criminales que existen en la zona. (Ha'ekuéra la he'íva) A lo sumo tienen investigaciones por homicidios, robos vagatelarios; eso sí, tienen cientos de investigaciones por cierres de ruta, ocupaciones, manifestaciones, eré erea.

¿Es con estos fiscales que se va a lograr detener a los verdaderos delincuentes, narcotraficantes, rollotraficantes que existen en la zona?

Filizzola por su parte sigue confiando en policías como Ricardo Chaparro, jefe de la Comisaría de Horqueta, este es el mismo a quien como abogado de CODEHUPY denuncié ante la fiscalía de Horqueta y ante la Justicia Policial por tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, contra mujeres, niños/as y campesinos de Calle 6, distrito de Horqueta, en junio pasado. Ya estamos en el gobierno de Lugo; administración de Filizzola en Interior. ¿Y qué paso? Hasta ahora nada, apenas un raído sumario administrativo.

Tres campesinos ejecutados en la era Lugo. Filizzola: "Ministro progresista"

¿Qué cree este Filizzola? ¿Qué somos tontos? Ante la muerte de Martín Ocampos, el tercer campesino ejecutado en la era Lugo, vuelve a decir pomposamente: "Queremos llegar al fondo" (ABC, 13/01/09). Lo mismo dijo cuando ejecutaron a Bienvenido Melgarejo, el 4 de octubre de 2008, en Puerto Indio. ¿Dónde están los resultados? ¿Cree que sufrimos de amnesia? El domingo 11 de enero también fue ejecutado Juan Ramón González, dirigente de Itakyry. En Codehupy registramos más de 80 campesinos ejecutados y/o desparecidos desde 1989. Cambió el gobierno. Las muertes siguen. Un progresista hína el ministro del interior.

Este mismo ministro progresista declaró tras la muerte de Ocampos: "Comprobamos que tenía vinculación con grupos delictivos" (ABC, 13/01/09). ¿Se debe entender que la vinculación con grupos delictivos da permiso para matar?

Policías y militares torturan a campesinos en la zona de Tacuatî

Militares y policiales destinados en la zona de Tacuatî, supuestamente para combatir el crimen organizado, torturan a los campesinos detenidos, según el relato de las víctimas que recogió la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (CODEHUPY), Capítulo Paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)

Entre los torturados se encuentra Alcides Martínez, quien aún sigue detenido, Crispín Fernández y Américo Fernández, quienes fueron puestos en libertad el lunes 12 de enero, en horas de la tarde.

De acuerdo al relato de Crispín Fernández, tras ser detenidos alrededor de las 13:00, el domingo, fueron llevados a un destacamento militar en Tacuatî, donde fueron encerrados en un calabozo. Luego, ya entrada la noche fueron retirados uno a uno del calabozo, se les vendó los ojos; y, llevados a unos metros del lugar.

En el lugar fueron desnudados ante la presencia de efectivos militares y policiales. Con intervalos de una hora aproximadamente se les cubría la cabeza con bolsas de plásticos para darles la sensación de asfixia; luego le apretaban los testículos. Al mismo tiempo les exigía que involucren a algunos dirigentes campesinos en la quema del destacamento militar, ocurrido el 31 de diciembre de 2008, entre ellos, Demetrio Alvarenga.

Amenaza de abuso sexual

Como pasaba el tiempo y los perpetradores no conseguían que involucrasen a los dirigentes campesinos en la quema del destacamento, fueron obligados a ponerse de cuatro, amenazándoles que le introducirían en el ano, una linterna de tres pilas.

El lunes 12, en horas de la tarde, fueron llevados ante la fiscal de Santa Rosa del Aguaray, Ninfa Aguilar, quien les tomó una declaración. Cuando la fiscal les preguntó si efectivamente Demetrio Alvarenga era el responsable de la quema del destacamento militar, como habían dicho la noche anterior, denunciaron que realizaron tales manifestaciones tras sesiones de tortura.

Fiscala negó responder sobre tortura a campesinos por presión alta

Cerca de las 21:30 del lunes 12, miembros del equipo jurídico de la Codehupy recibieron las primeras informaciones sobre la tortura a Crispín y Américo Fernández; y, Alcides Martínez. Inmediatamente solicitó protección para Martínez (aún detenido en Tacuatî), vía telefónica, al viceministro de asuntos internos Carmelo Caballero, quien manifestó que aún no conocía de las denuncias; y, que solicitaría información a los uniformados destinados en la zona.

Luego a las 22:11, el abogado Juan A. Martens, conversó, vía telefónica con la fiscal Ninfa Aguilar, poniéndole al tanto de la denuncia recibida. La fiscal reconoció que tomó declaración a los Fernández en horas de la tarde, cuando se le insistió la tortura denunciada ante ella, la misma se negó a responder. Alegó que tenía problemas de presión alta por lo que no negó, ni afirmó que recibió las denuncias de tortura de los campesinos. Repetía insistentemente que tomó la declaración, en precarias condiciones, en una vivienda humilde; y, que para conocer más debíamos acercarnos a la fiscalía. Ante la insistencia de si recibió o no la denuncia de tortura dejó de responder; luego cortó el teléfono.

Ejecución extrajudicial de Martín Ocampos

En la tarde del lunes 12, también fue asesinado por sicarios el dirigente campesino de la OCN, Martín Ocampos, en la Colonia Hugua Ñandu, donde según constancias de la CODEHUPY, entre 1989 y 2005, fueron asesinados 12 campesinos en la lucha por la tierra.

Por otro lado, se recibió información de vecinos de la zona que daban cuenta de la extrema violencia policial-militar en las distintas intervenciones que realizan.

Policías y militares incapaces recurren a la tortura

La tortura es un medio ineficaz, inhumano e ilegal de investigación. Su uso sistemático por parte de la Policía paraguaya también fue relevado y denunciado por el relator de NNUU, contra la Tortura, Nanfred Nowak, en noviembre de 2005. Hoy se suman las fuerzas militares, en un gobierno que se espera defienda la dignidad humana.

El relato de estos campesinos demuestra que policías y militares sin preparación para una investigación real recurren a la tortura para incriminar a cualquier persona, sin importarles la verdad y dejando intacto, los mecanismos de corrupción, que construyen la situación que el pueblo sufre en esa zona del país.

Juan A. Martens Molas, Abogado

ASESINATO DE DIRECTOR RADIAL

En la noche del lunes 12 de enero a las 8:30 aproximadamente fue asesinado Martin Ocampo Páez por una persona desconocida quien desde una zona oscura le disparo con una arma de fuego estando la victima dentro de su casa de la Colonia Hugua Ñandu del distrito de Horqueta

Martin es el director de la Radio Comunitaria Hugua Ñandu FM, además es miembro del Comité de Productores en formación de esa localidad. La radio funciona en una escuelaque fue construida por la comunidad.

Coincidentemente esto se da con el montaje del asalto ocurrido a un cuartel militar en la zona de Tacuati departamento de San Pedro que hizo reaccionar al gobierno con un operativo de militar en ese departamento y el de Concepción donde el gobierno a pedido de los ganaderos y sojeros interviene con efectivos y campamentos para combatir supuestas células guerrilleras.

Martín fue varias veces amenazado por narcotraficantes que operan en la zona con la complicidad de policías, militaresy autoridades del gobierno y son denunciados por la emisora comunitaria. El mismo se manifestó simpatizante con el Ejercito del Pueblo ante la desidia de las autoridades que defienden a los grandes terratenientes y narcotraficantes olvidándose de la defensa de la soberanía y la vida de las personas.

Este hecho se suma a la persecución que sufren en forma cada vez más violenta los medios comunitarios en el Paraguay por la ausencia del gobierno que no puede brindar seguridad a los más desprotegidos.

NUEVO MONTAJE DEL PLAN COLOMBIA

Alertamos a los defensores de DDHH, a la prensa independiente, y alpueblo paraguayo para que no se deje engañar frente a este nuevo montaje de la reacción de ultra derecha, quienes intentan utilizar el ataque del destacamento militar de localidad de Tacuatí en San Pedro para acusar falsamente al pueblo campesino. Los medios y el poder real presentan este hecho con el terror militar sobre los campesinos con dobles intenciones.

Este fantasma mediático esta siendo utilizado para profundizar la militarización del campo, criminalizar las organizaciones campesinas, imponer el terror entre la población humilde y sufrida que vive en los asentamientos de tierras recuperadas por campesinos y evitar la reforma agraria que el pueblo espera del gobierno.

Solicitamos a las autoridades responsables que se investigue la responsabilidad de los sojeros, latifundistas y que se retire inmediatamente a los militares de la custodia de los latifundios y de la seguridad interna. Exigimos enérgicamente que se expulse a los agentes del imperialismode EEUU del campo paraguayo. Los militares paraguayos todavía no rindieron cuentas por los delitos de lesa humanidad que cometieron durante la dictadura. Miles de ciudadanos paraguayos fueron desaparecidos, torturados y descuartizados. Luego los tiraron en el Río Paraná y a otros los tuvieron en las mazmorras por más de 20 años.

Hoy los hombres, mujeres, niños y ancianos son los mudos testigos de las exigencias que hacen los empresarios de la represión para militarizar el campo y criminalizar la lucha social de las organizaciones del pueblo campesino. Vamos a diferenciar las cosas ¿ quienes son los terroristas en Paraguay hoy después de 60 años de dictadura y corrupción e impunidad ? ¿ Son los excluidos , los hambrientos y los desaparecidos sociales ? Para los voceros de la mano dura es necesaria la ley antiterrorista que está en vigencia en toda Latinoamérica.

Hoy ser pobre, ser campesino sin tierra, ser ciudadano sin techo, mujeres y niños explotados, ancianos muertos como reptiles arrastrados en la tierra es ser terrorista, y más aún por la semilla sembrada por el ex - embajador Cason y el ex vicepresidente Castiglioni, quién con el ex fiscal Latorre, el comisario González Cuquejo, Cazal, Schembori y otros, formó un grupo terrorista de estado cuya continuidad atroz vimos en la actuación del fiscal asesino inventor de testigos falsos y causas de secuestro, el doctor Rogelio Ortúzar.

Estos son las caras visibles del terror. Ellos han ido a recibir sus diplomas en la escuela del narcoterrorista de estado Uribe, en Bogotá Colombia.

La sociedad los debe conocer para que no se dejen engañar sobre el montaje de responsabilidades del ataque en Tacuatí en San Pedro al destacamento militar que custodiaba el latifundio de estancia de la ganadera Mary Llorens. Denunciamos que ellos son los que montan la violencia , secuestran asesinan , desapareceny torturaninocentes.

Nos solidarizamos con las organizaciones y el pueblo campesino al que se le proyecta una nueva represión para evitar la reforma agraria.

Comisión por los DDHHde Paraguayos Residentes en Buenos Aires

Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Secretaría Internacional -.



ASESINATOS Y TORTURAS DE MILITANTES DE LA OCN

Exigimos, a las autoridades que retiren inmediatamente a los militares del departamento de San Pedro, Paraguay y que se ponga fin al vergonzoso operativo Jeroviaha en el marco de la revitalizada Doctrina de Seguridad Nacional que ya lleva el asesinato de Martín Ocampos Páez y torturas a otros miembros de la Organización Campesina del Norte ( OCN ). Exigimos, así mismo que se abra una comisión investigadora de la actuación del Ministerio Público en el caso del ataque contra el destacamento militar de Tacuati, departamento de San Pedro en Paraguay.

No es nuestra función afirmar ni negar la existencia real del Ejército Popular Paraguayo ( EPP ), pero si denunciamos al régimen de ultra derecha, que aprovecha este ataque al destacamento militar con el objeto montar una campaña para criminalizar a los luchadores populares, intimidar y aterrorizar a la población campesina, militarizar el campo, detener la lucha por la tierra para beneficio de los latifundistas y sojeros en el marco de las exigencias de las políticas imperialistas de EEUU y sus empresas como Monsanto.

Repudiamos al fiscal general Candia Amarilla instruido en Colombia por el terrorismo de estado de Uribe, quien destruyendo todas las garantías, entre ellas la presunción de inocencia criminaliza toda la población declarando que "estos delincuentes de noche son guerrilleros y de día son agricultores." ( La Nación 5 –

1 – 09. ) Exigimos que se deje de aplicar el Plan Colombia. Los ataques contra la Organización Campesina del Norte ( OCN ) están reñidos con toda garantía a los DDHH. Alcides Martinez uno de los liberados de la OCN denunció que fuimos " salvajemente torturados. Nos pusieron un hule negro por la cabeza hasta casi asfixiarnos. Nos daban golpes en la oreja. Casi nos estrangularon. Pero sabían hacer muy bien, sin dejar marcas. Querían hacernos confesar que somos miembros del grupo guerrillero, y que fuimos nosotros los que atacamos el destacamento"

( Ultima Hora 13 – 1 – 09. ) El obispo de Concepción, Zacarías Ortiz, ratificó que los campesinos fueron torturados ( ABC 13 1 09. ) Agregó que Néstor Fernández, no aguantó y firmó un documento. ( La Nación 13 1 09 ) Exigimos al gobierno de Lugo que retire inmediatamente al Ejército Paraguayo de San Pedro. Que abra una instancia de investigación y que se castigue a los culpables de estas violaciones a los DDHH, que se renueve el poder judicial en especial el Ministerio Público. Nos solidarizamos con los familiares de Campos Paez y con las víctimas de la tortura de Tacuatí, departamento de San Pedro.

¡ Libertad a todos los presos políticos !

Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos Aires

Movimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura Stronista – Secretaría Internacional -.

DETENCIÓN Y MALTRATO DE PERIODISTAS

Denunciamos Públicamente la detención y maltrato sufrido por estos periodistas destacados por su compromiso Social en favor del Pueblo Mapuche. Solange González y Fernando Pariez, de una organizacion sueca; documentalistas destacados quienes han informado y observado conflicto Mapuche y que se encuentran realizando una investigación en Paraguay fueron detenidos y maltratos por parte de militares y policías, durante un allanamiento en busca del dirigente Demetrio Alvarenga.

La periodista chilena Solange Isabel González y su compañero Fernando Pariez, de nacionalidad sueca, se encontraban realizando un documental en video sobre proyectos productivos para el Centro Cooperativo Sueco, en el domicilio del dirigente campesino Demetrio Sandoval, en el asentamiento Kurusu de Hierro, cuando fueron rodeados por efectivos policiales y militares, que les apuntaron con sus armas y los maltrataron físicamente, según denunciaron.

El incidente se registró ayer domingo, alrededor de las 10.30, cuando González y Pariez se encontraban dialogando con Ángela Velázquez de Alvarenga, esposa de Demetrio, quien les estaba informando que su marido, principal dirigente de la Unión Campesina del Norte (UCN), ha debido ocultarse, porque otro dirigente (Crispín Fernández) fue obligado con torturas a acusarlo de ser uno de los que atacaron e incendiaron el destacamento militar de Tacuatí, y de ser parte del grupo armado llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

"Entraron con violencia y nos altearon a todos, como si fuéramos delincuentes. Mis hijos pequeños se asustaron mucho. A los periodistas les trataron muy mal, se reían de ellos. A mí un militar me tocó los senos y me acosó, me pidió mi número de celular. Querían que les dijera en dónde está escondido mi marido", relató la esposa de Alvarenga.

MALTRATOS. Los dos periodistas fueron llevados hasta la comisaría policial de Kurusu de Hierro, distante a dos kilómetros del lugar, donde fueron interrogados y liberados luego del mediodía.

"Al sueco lo tuvieron retenido durante dos horas y media. Se reían de él, ?como van a ser periodistas, si están muy sucios, ustedes vienen de Colombia', les decían. Pidieron llamar a la Embajada de Suecia, pero les negaron toda comunicación. Finalmente, les dejaron en libertad", informó el abogado Juan Martens, quien a la tarde llegó a Kurusu de Hierro, al frente de una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), para investigar denuncias de torturas durante el operativo Jeroviaha.

"No solamente estamos comprobando que hubo maltratos, sino también detenciones irregulares, y recibimos muchas quejas de pobladores por casos de hurtos en sus chacras", anunció Martens, quien es acompañado por miembros del Serpaj e Inecip.