LUIS AGÜERO WAGNER- Si existe un fiel seguidor de Alvaro Uribe a la hora de organizar violentas represiones, ése es el obispo Fernando Lugo.
Al igual que su homólogo colombiano, el clérigo presidente hasta ahora sólo ha sabido organizar violentas répllicas contra los pueblos nativos, como cuando fueron reprimidos en la misma acera de la residencia presidencial.
A estos hechos, se sumó la expulsión de una indígena que se encontraba al frente del Instituto Indígena, a pesar de que había sido promocionada en todo el mundo como "la esclava que llegó al poder".
Cualquiera que conozca lo que sucede con los indígenas en Colombia, sabe quien inspira la represión de nativos en Paraguay, màs aún si se considera que el ministro del Interior de Paraguay tiene firmados acuerdos represivos con Uribe. Precisamente hoy fue anunciada más mano dura contra manifestantes, en un acto oficial de entrega de patrulleras donadas por la oligarquía en Paraguay.
LA REPRESIÓN DE INDÍGENAS EN COLOMBIA
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, alerta a la comunidad internacional que el Estado colombiano, administrado por el gobierno de Álvaro Uribe, es responsable de un genocidio indígena. La represión indiscriminada lanzada contra los Pueblos Indígenas colombianos ya ha causado 19 muertes en solo quince días.
Articulados en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, los Pueblos Indígenas de este país están desarrollando la Minga de Resistencia Indígena y Popular, para llamar la atención del mundo sobre la vulneración de sus derechos. Lo que ellos plantean es “un llamado al mundo para que sus derechos sean reconocidos solo a nivel formal y se conviertan en una realidad”. Y el gobierno responde con la represión y no los protege del accionar de los grupos paramilitares.
La Minga de Resistencia es una respuesta a este genocidio y vulneración de sus derechos. Y tiene como actividad central las movilizaciones pacíficas de los Pueblos Indígenas en todo el país. El gobierno de Uribe ha respondido con la represión, que forma parte de la sistemática criminalización de las demandas indígenas: incursiones violentas a sus territorios, estigmatización de sus líderes como terroristas, detenciones, torturas, asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados.
Todo ello ya fue comprobado y denunciado por el Tribunal Permanente de los Pueblos, que como producto de su Audiencia sobre Genocidio Indígena realizada en el resguardo indígena Kankuamo, Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, los días 18 y 19 de julio del 2008, emitió una Acusación que dice textualmente:
“Acusar al Estado colombiano y al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por la comisión de graves violaciones a los derechos colectivos e individuales de los Pueblos Indígenas de Colombia, que se concretan en la implementación de políticas de exterminio, genocidio, etnocidio y desplazamiento de los Pueblos Indígenas”.
La sistemática violación de los derechos indígenas se implementa para favorecer la expropiación de sus territorios a fin de entregárselos a las multinacionales extractivas. Una vez más, se prueba que los Estados Uninacionales están al servicio de los intereses de las empresas transnacionales.
Lo más grave es que se anuncia aún más represión. ADVERTIMOS AL MUNDO QUE HAY UNA MASACRE EN CIERNES EN COLOMBIA Y DEBEMOS DETENERLA.
La CAOI llama al presidente colombiano Álvaro Uribe, para que cesen estos actos criminales contra los Pueblos Indígenas. Así como llamamos las organizaciones indígenas del continente, a los organismos de Derechos Humanos, a los foros internacionales (Comunidad Andina, UNASUR, OEA, ONU), a pronunciarse de inmediato para detener el genocidio indígena en Colombia, y señalar que es responsabilidad del Gobierno colombiano proteger los derechos de todos.
LA REPRESIÓN DE OCTUBRE
Según Helda Martínez y Constanza Vieira, una protesta que se inició el 12 de octubre, Día de la Raza, en La María, resguardo (territorio) indígena en el norte del sudoccidental departamento de Cauca, acabó en una macabra matanza más de Uribe.
En la Movilización Nacional de Resistencia Indígena y Popular, convocada por organizaciones nativas, los manifestantes bloquearon la Carretera Panamericana, que une el centro y el sur de Colombia y comunica con Ecuador.
Para despejar la vía, el ejército y la policía atacaron la zona con helicópteros, tanquetas y fusiles.
"Fue terrible e injusto. Nosotros no tenemos armas. Sólo tenemos los bastones de mando. En este momento (medio día del miércoles) siguen disparando, aunque lograron sacarnos de la Panamericana", dijo a IPS el asesor indigenista Manuel Rozental.
Sin embargo, "la movilización se agranda. Desde la cima de las montañas están bajando nuevos participantes a la protesta, y en todo el país fácilmente podemos calcular 200.000 indígenas en movilización", aseguró Rozental.
La protesta se cumple en 16 de los 32 departamentos colombianos: Guajira, Córdoba, Sucre, Atlántico y Chocó, en la septentrional Costa Caribe; Norte de Santander, Boyacá y Casanare, en el oriente; Meta, al sur de Bogotá; Risaralda, Caldas, Quindío y Tolima, en el centro del país; Cauca y Huila, en el suroccidente; y Valle del Cauca, en el occidente.
Los reclamos incluyen 12 puntos que los indígenas pretenden tratar directamente con el derechista presidente Álvaro Uribe.
Refiriéndose a las refriegas en el Cauca, el vicepresidente Francisco Santos afirmó que "lo que hay allá es una infiltración guerrillera, y los que pelean son los Nietos de Quintín Lame", líder indígena del siglo pasado que luchó por el reconocimiento de los derechos de las comunidades ancestrales.
El nombre de Lame fue adoptado por un grupo de jóvenes indígenas caucanos sin tierra, debido a la falta de ampliación de los resguardos. Recurren al uso de explosivos y otras prácticas violentas en las protestas y son desaprobados por sus autoridades tradicionales.
Aun así, los vínculos de los indígenas con cualquier grupo armado son desmentidos de manera insistente por los cabildos (gobiernos colectivos de las comunidades nativas).
Colombia vive una guerra civil de casi medio siglo.
Los indígenas del Cauca insisten en la presencia de Uribe en la zona porque "tenemos demasiados antecedentes de incumplimiento. En la cumbre mundial de los pueblos indígenas que se realizó ahí mismo, en La María, en 2005, nos ofrecieron dialogar y lo que hicieron fue mandarnos más ejército para quemar y arrasar", dijo Rozental.
En la noche del martes, durante una sesión plenaria del Congreso legislativo, el senador indígena Jesús Piñacué relató los graves motivos que inducen a la movilización y logró eco en la Comisión Segunda, relativa a asuntos internacionales, y entre legisladores de los opositores Partido Liberal y Polo Democrático Alternativo (PDA).
El miércoles, Piñacué reclamó que, así como Uribe ha negociado con narcotraficantes y sus fuerzas paramilitares, debería afrontar el diálogo con los indígenas. El ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, calificó al legislador de "terrorista". "Espero que esta lucha de tantos años, y las solicitudes específicas de la movilización, en las que llevamos cinco años esperando con humildad y resignación, por fin encuentren una solución. Pero, mientras tanto, continuaremos luchando porque no hay nada más que hacer", dijo Piñacué a IPS.
El martes, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) elevó denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la presunta desaparición forzada de dos personas en la protesta de La María.
También solicitó a la Organización de los Estados Americanos "la intervención urgente" del relator para la Libertad de Expresión y Opinión, porque en plena movilización fue "bloqueada" la página web de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), y fue suspendido el servicio eléctrico en la sede del Consejo Regional Indígena del Cauca, desde donde se retransmite la emisora virtual de ONIC, Dachibedea.
Más de 30 organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales argumentaron que la movilización étnica se inscribe en el marco de acciones definidas desde el año 2001, "dirigidas a expresar su rechazo frente al genocidio físico y cultural, y las diversas modalidades de atropello y violación de que son sujetos".
A través de un comunicado público, las organizaciones sociales resaltan que "en los territorios indígenas confluyen dinámicas de explotación de recursos naturales que los convierten en escenarios de disputa por los grupos armados, y espacios estratégicos para la implementación de proyectos económicos y de infraestructura".
Con ello "se lesiona la autonomía, integridad territorial y derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo la violación de espacios sagrados, la pérdida de culturas, y el derecho al consentimiento libre, previo e informado", agregan.
En el texto, las entidades manifiestan gran preocupación porque el gobierno colombiano se abstuvo de firmar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General del foro mundial el 13 de septiembre de 2007.
Se señala asimismo el incumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y de las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas.
Desde el inicio del gobierno de Uribe, en 2002, han sido asesinados 1.253 indígenas, y por lo menos 54.000 han sido expulsados de sus territorios ancestrales, según la ONIC.
PARAGUAY VIOLENTO, CON EL SELLO DEL PLAN COLOMBIA
Un vertiginoso aumento de la violencia se da en el Paraguay bajo el régimen del obispo Fernando Lugo, donde los crímenes han aumentado vertiginosamente tras los acuerdos firmados entre el clérigo-presidente y Alvaro Uribe.
Los acuerdos Paraguay-Colombia en materia de seguridad se firmaron a instancias de la embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, en su momento operadora del Plan Colombia y jefa de las ventanillas de cobro de USAID en Bogotá.
A poco de asumir, el obispo estrechó vínculos con Bush, Felipe Calderón y Alvaro Uribe, a la manera de un "Eje del bien" latinoamericano, y el ministro del interior del obispo, Rafael Filizzola, incluso realizó una pasantía de varios días en Colombia. En la ocasión recorrió los centros desde donde Uribe, con respaldo del imperio, dirige la guerra sucia y violaciones de derechos humanos que su gobierno perpetra en su país.
La represión policíaca se disparó en Paraguay luego de estos tratos con Uribe, al igual que la criminalidad. Un asesor colombiano dirige, según fuentes cercanas al ministerio del interior, todos los pasos dados por la represión en Paraguay.
COLOMBIA, EJEMPLO DE VIOLENCIA Y CRIMINALIDAD
La elección para elegir asesores en la lucha contra la violencia y la criminalidad no ha sido del todo afortunada, por parte del gobierno del obispo Fernando Lugo.
Según Agence France-Presse, al menos 13.634 personas murieron por "violencia sociopolítica" en Colombia bajo el actual gobierno, según un informe de ONGs revelado en coincidencia con el encuentro del lunes, entre el presidente Alvaro Uribe y la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Navanethem Pillay.
El encuentro con la alta comisionada hace parte de la agenda que cumple Uribe en Nueva York, a donde viajó para asistir a la asamblea general de Naciones Unidas y que según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, fue un diálogo "sincero y franco".
El documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirma que entre 2002 y diciembre de 2007, "por lo menos 13.634 personas perdieron la vida, fuera de combate a causa de la violencia sociopolítica" y que esa cifra supera las 23.000 muertes, si se agregan los muertos en combate.
Según las ONGs, que citan informes judiciales y policiales, el Estado es responsable directa o indirectamente en 75% de los casos en los que el autor fue identificado. En 24,5% de las muertes la responsabilidad recae sobre la guerrilla.
En cada seis de diez casos la responsabilidad del Estado está relacionada con la "tolerancia o apoyo a las violaciones cometidas por los paramilitares" de extrema derecha, añaden las organizaciones no gubermentales.
"Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento forzado", sostiene el documento firmado por más de un millar de organizaciones agrupadas en la Alianza de Organizaciones Sociales, la Asamblea de la Sociedad Civil por la Paz y la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos.
En diciembre el Consejo de Derechos Humanos tiene previsto realizar un exámen detallado a la situación en Colombia.
El documento también asegura que "al contrario de lo que manifiesta el gobierno, el paramilitarismo no ha sido desmantelado" y unos 9.000 combatientes de esos grupos siguen combatiendo, pese al proceso de paz concluido en 2006 en el cual -según cifras oficiales- se desarmaron más de 31.000 milicianos de extrema derecha.
Señala el informe que tan sólo 116 de esos paramilitares están siendo investigados por sus crímenes "y ninguno ha sido condenado, por lo que no se han garantizado los derechos de las víctimas".
El texto igualmente denuncia "los ataques permanentes del gobierno en contra de la Corte Suprema de Justicia" que investiga vínculos de paramilitares y congresistas.
Unos 60 legisladores, casi todos oficialistas, han sido investigados por nexos con las organizaciones armadas de extrema derecha.
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